El 26 de marzo los habitantes de Cajamarca, una población colombiana de unos 20.000 habitantes, acudieron a las urnas para decidir si permitían las actividades mineras en su territorio. Su decisión fue un rotundo No que venció al Sí con más del 98% de los votos, y superó el umbral de participación a pesar de la lluvia. Las reacciones no tardaron. De todo se ha dicho: esto debilita las instituciones, espanta la inversión extranjera, sustituye la minería legal y responsable por la ilegal y destructiva, impone un costo para el país en su conjunto por beneficiar a una población particular, al hacerlo pone en entredicho la república unitaria, conduce a falsos dilemas, pone en riesgo la financiación del post conflicto…
En fin, ¡error garrafal! Un panelista adscrito a la visión apocalíptica afirmaba en el programa radial Hora 20 que todo esto es “muy bonito y muy democrático” pero con efectos devastadores sobre la economía. El tono no podría ser más representativo de la condescendencia intelectual con que miramos desde el centro de Colombia la realidad de las regiones. Pero estos temores son, en el mejor de los casos, exagerados. Más aún, si se aprovecha la oportunidad, el efecto para el país puede ser exactamente el contrario del que se aduce...